En Rasquera, un pequeño pueblo de Tarragona, se ha reabierto el debate sobre la legalización del cannabis en el país a partir de su comunicada intención de alquilar siete hectáreas para el cultivo de marihuana. En España, el consumo, tráfico y la elaboración de alguna sustancia puede conllevar duras penas a los ojos de la legalidad. Aún asi los más de 5.000 socios de la Asociación Barcelonesa Cannabica de Autoconsumo estarían dispuestos a pagar 1,3 millones de euros durante dos años al ayuntamiento para plantar marihuana dedicada, según ellos al autoconsumo con fines lúdicos o terapéuticos. La posible negación a este plan viene supeditada a que nunca se sabría exactamenete si esas plantaciones serían para uso que no fuese el acordado previamente, algo que definen como una línea muy fina entre la legalidad y la ilegalidad.
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